Hace 10 años, Nino Paolo Ferrari Rodríguez pedía a través de Twitter el contacto de algún abogado que le ayudase con un problema de “robo de identidad”. La fecha: 29 de junio de 2014. Era como si Ferrari, que entonces tenía 34 años, se anticipara a lo que ocurriría un mes después, cuando se constituyera la compañía Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., en la que él figuraría como fundador, accionista, administrador único y representante legal. La firma ha sido clasificada por la autoridad fiscal, el SAT, como una empresa fantasma que simula operaciones. Se trata, en síntesis, de una compañía facturera que sirve para blanquear dinero y evadir impuestos, una práctica con la que se drenan cada año recursos millonarios. Entre los clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante años le pagaron en contratos más de 301 millones de pesos, según documentación fiscal obtenida por EL PAÍS. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Nino Ferrari tiempo después de su denuncia de supuesto robo de identidad. Como es típico en los casos de blanqueo, Murata se vincula con otras compañías factureras con las que comparte prestanombres y se transfiere recursos. Esa red también conecta con personas identificadas por las autoridades federales como blanqueadores del Cártel de Sinaloa.
Los amigos de Ferrari y los otros fraudes
Murata, S.A. de C.V. está vinculada con Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera, a su vez involucrados en presuntos delitos electorales y una estafa piramidal internacional. Moisés Salomón recibió en 2019 transferencias de Murata por un monto de casi 900.000 pesos, de acuerdo con la información fiscal obtenida por EL PAÍS. Por su parte, Campillo Talavera recibió pagos por 850.000 pesos. Las transferencias de dinero se hicieron de manera quincenal, como si se tratase de un sueldo cubierto por Murata.
Ambos personajes tienen una historia sobre la que se cierne la sombra de la corrupción. En 2012, Moisés Salomón fue señalado por las autoridades como cabeza de la firma Edicom (Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, S.A. de C.V.). Edicom pertenecía a una red de empresas que inyectaron más de 23 millones de pesos a los monederos electrónicos Monex del PRI en la elección presidencial de 2012. Los monederos sirvieron para la compra del voto a favor de la candidatura del priista Enrique Peña Nieto.
En julio de 2012, días después de la elección, las autoridades federales tomaron una oficina en Ciudad de México en la que aseguraron dinero en efectivo —en pesos, dólares y euros— y computadoras. El cateo formaba parte de una investigación contra una red de blanqueo de dinero y venta de facturas falsas empleada para desviar dinero público y para la compraventa de yates, diamantes y aviones en diversas partes del mundo, según dio a conocer Reforma.
Se trató del primer gran caso contra una red facturera puesta en la mira por el Gobierno federal en la gestión del panista Felipe Calderón. Sin embargo, “la investigación ministerial se desinfló a medida que las autoridades empezaron a descubrir sus implicaciones políticas”, precisa el diario. “La Administración de Calderón no llevó el caso a los tribunales y en el sexenio siguiente el expediente fue archivado”, añade.
El periódico dio cuenta de que en aquel cateo Moisés Salomón estaba presente en las oficinas, haciendo alarde de sus contactos en el Gobierno. Fue interrogado por los agentes en calidad de testigo. Además de él, allí estaba también Campillo Talavera, identificado como representante de la firma Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, S.A. de C.V. Esta compañía se conecta con otro fraude: el de la estafa piramidal de ads-broker que entre 2011 y 2012 recaudó casi 30 millones de euros de 5.155 inversores, la mayoría de España. El esquema financiero fue ideado por el mexicano José Cancino Puga, que lo puso en marcha a través de la empresa española Gran Despliegue de Medios.
EL PAÍS documentó que esa firma hizo 101 transferencias a México por 4,7 millones de euros a Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, representada por Campillo Talavera. La Policía española solicitó en 2013 una orden de detención internacional contra él como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales. La empresa de Campillo Talavera percibió en 2012 cerca de 1,2 millones de euros en publicidad institucional del entonces gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, del PRI.
Durante el Gobierno de Peña Nieto, dos firmas ligadas a la red de Edicom —una específicamente era Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC— se beneficiaron de una condonación fiscal del SAT de más de 2.000 millones de pesos. Ni Moisés Salomón ni Campillo Talavera han rendido cuentas ante la justicia. Moisés Salomón es amigo en Instagram de Pepe Miranda, el socio de Mario Ferrari Gleason. Todo vuelve a llevar al círculo de los Ferrari.
