La Comunidad de Madrid, a través de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha decidido forzar un nuevo choque con el Gobierno central, en esta ocasión centrado en calcular una supuesta deuda de 10.500 millones de euros en la financiación de los servicios públicos regionales con fondos estatales desde 2019. Sin embargo, para llegar a esa cifra y calcular el presunto agravio, el Ejecutivo ha empleado promesas sin valor legal recogidas en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar, socios en La Moncloa; criterios para el reparto de ayudas que son compensados por otros, que Madrid omite; y la queja porque no se hayan hecho inversiones que aún están en plazo de hacerse. En consecuencia, los distintos ministerios afectados por los cálculos de la consejera desmintieron el grueso de la cifra tras ser consultados por este diario.
