La incertidumbre general sobre si Edmundo González Urrutia, elegido democráticamente presidente el 28 de julio, logrará regresar a Venezuela y juramentarse en su cargo ha marcado los últimos meses. Pese a los esfuerzos de su equipo por crear condiciones que lo permitan, lo que incluye una ardua diplomacia y una intensa gira de año nuevo que lo llevó desde Buenos Aires hasta Washington, para asegurar el respaldo de figuras políticamente tan disímiles como Javier Milei y Joe Biden, pocos creen que lo logre. En Caracas y Washington, observadores curtidos por años de experiencia creen que el despliegue de represión de Nicolás Maduro y sus lugartenientes logrará su objetivo: paralizar a los venezolanos, frustrando el llamado de María Corina Machado a volver a las calles a partir del 9 de enero. Según esa lógica, Maduro se juramentará implantando un nuevo statu quo post-fraude y dando un paso decisivo hacia la normalización de la tiranía. Sin duda sería un golpe tremendo a las aspiraciones de libertad y democracia expresadas por 67 % de los votantes venezolanos, sin contar con el sueño de regresar al país de muchos de los ocho millones de migrantes.
