La ley catalana de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cumple este diciembre una década de andadura. Tras decaer su tramitación en el Parlament por el adelanto electoral de Artur Mas en 2012, el alumbramiento de la norma llegó en un momento de gran descrédito hacia la política y los políticos. Eso explica en parte cierta ambición y afán ejemplificante en su articulado, incluyendo algunos mecanismos inéditos entonces en el Estado. El consenso entre expertos y responsables de diferentes órganos relacionados con la ley es que el balance es positivo: cada vez más ciudadanos acceden a más datos, de mejor calidad, y las administraciones han vivido un cambio cultural sobre la rendición de cuentas. También concuerdan en qué queda pendiente: falta un régimen sancionador efectivo, avanzar en el despliegue reglamentario y buscar fórmulas para que los municipios pequeños cumplan al mismo nivel de la Generalitat o las Diputaciones.
