Mientras el país se preparaba para la entrada al 2025, el Diario Oficial de la Federación publicaba los últimos cambios a la Constitución mexicana. En su edición vespertina del 31 de diciembre, el órgano del Gobierno anunciaba la modificación del artículo 19 para incluir la extorsión, la emisión de falsos comprobantes fiscales y los crímenes vinculados a la producción y venta de fentanilo. Era el trámite que le faltaba al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum para consumar la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, el paso definitivo para entrar en desacato con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó hace más de un año eliminar esta figura.
