Cuando una empresa, en este caso el Estado, no tiene con qué pagar las cuentas de sus acreedores, el insolvente debe dirigirse a un centro de conciliación autorizado y presentar, en condición de deudor, un informe que indique las causas específicas que lo llevaron a la cesación de pagos, que según el Gobierno es la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento. En realidad, lo que buscaba una reforma tributaria pidiendo la bobadita de 12 billones de pesos, aunque en su última versión solo recogería 3 billones en nuevos recursos, fue un esfuerzo del MinInterior para aprobar la ley que el Parlamento no se tragó; los mandaron al carajo.
